República Bolivariana de Venezuela
Mérida, 6 de Abril de 2008
Presidencia de la República
Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente
Reciba un saludo socialista y revolucionario de parte de los trabajadores de la Planta de Reciclaje y Tratamiento Integral de los Desechos Sólidos, ubicada en el sector Puente Viejo del Municipio Sucre, Estado Mérida. Los trabajadores estamos agrupados formalmente en la Cooperativa La Rosa Mística de San Benito.
El propósito de esta carta es solicitar su intervención en el caso de esta planta, que los trabajadores hemos defendido hasta con nuestras propias vidas, y que hoy se encuentra cerrada y abandonada, pese a ser propiedad del Estado venezolano. Le solicitamos respetuosamente que atienda este caso y haga justicia, reabriendo la planta y formalizando la gestión directa de los trabajadores.
Para fundamentar esta solicitud, haremos de su conocimiento la historia de esta planta de reciclaje y de quienes trabajamos en ella desde el inicio de sus operaciones en junio del año 2006; expondremos las razones por las cuales hoy en día esta planta está cerrada, dejando sin empleo a más de 130 padres y madres de familia, sumiendo en el abandono esta cuantiosa inversión pública.
Al momento de dirigirle esta carta, nos hemos dirigido a todas las instancias estatales competentes en la materia, sin haber recibido respuesta satisfactoria a nuestra demanda de que la planta sea reabierta bajo la gestión de sus trabajadores. Hemos acudido a la Vicepresidencia de la República , al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Protección Social, a la Asamblea Nacional , a la Defensoría del Pueblo; incluso hemos consignado comunicaciones ante la Presidencia de la República en ocasiones anteriores, además de recurrir a las instancias locales y regionales, como el Consejo Legislativo del Estado Mérida, la oficina regional de la Defensoría del Pueblo, y las alcaldías de Sucre, Campo Elías, Libertador, Santos Marquina, y Rangel.
Pese a no haber obtenido respuestas, nos mantenemos en pie de lucha por nuestros derechos.
Con la reapertura de la planta y su puesta en operación bajo la gestión de los trabajadores, podemos desarrollar una experiencia ejemplar en materia de gestión de desechos sólidos, apuntalando el reciclaje como práctica ambientalmente progresista, que permite un aprovechamiento más racional de los recursos y promueve la organización social. Además, estaremos demostrando que el socialismo es una realidad cuando los medios de producción están en manos de quienes trabajan en ellos, cuando la ganancia producida socialmente se reparte con justicia, en fin, cuando no hay patronos ni explotadores usurpando la riqueza creada colectivamente.
Esperamos que su intervención en este asunto permita resolver con justicia esta lucha que llevamos ya desde hace más de un año, dejamos este testimonio de lo que hemos perseguido a lo largo de todo este tiempo.
Agradeciendo su efectiva atención, en beneficio de este proceso revolucionario, que es patrimonio del pueblo trabajador,
Sonia Mejías
Yaneth García
Cooperativa La Rosa Mística de San Benito
La lucha de los trabajadores por la gestión obrera de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos
Antecedentes de la Planta
Desde hace unos 25 años la producción desechos sólidos en todo el estado Mérida se ha incrementado de manera exponencial. Recordemos que en el año 1994 "el basurero más alto de Venezuela" se ubicaba cerca del Collado del Cóndor (Pico el Águila), asimismo, en cada una de las ciudades y pueblos aledaños a la ciudad de Mérida surgieron numerosos basureros locales. En la década pasada, se decidió disponer todos los desechos sólidos de 5 municipios (Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías y Sucre), en la zona sur del estado. Debido a la inexistencia de políticas públicas para el manejo de los desechos sólidos, este basurero ha colapsado en diversas oportunidades y ha tenido que mudarse a 5 lugares distintos, generando contaminación y problemas de salud en las comunidades de la zona. Lejos de ser "peladeros de chivo" las zonas xerófitas del sur del estado Mérida son ecosistemas de gran interés y diversidad biológica, contando con lugares de valor ecológico, como la mitológica laguna de Urao, o la laguna de Caparu, la cual esta siendo catalogada como humedal de interés Ramsar por organismos ambientales nacionales e internacionales. Cada basurero convierte a estas zonas de alto valor ecológico en tristes cementerios de desechos de esta sociedad capitalista.
Vista la necesidad de solucionar el problema de los colapsos de los diversos botaderos, las comunidades vecinas del sector El Balcón (donde se ubicó el penúltimo basurero) sostuvieron una prolongada lucha por la clausura del botadero que allí se encontraba y lograron presionar a las autoridades regionales para que adelantaran gestiones en busca de una alternativa. Las alcaldías de los cinco municipios conformaron una Mancomunidad de Alcaldías y proyectaron la construcción de una planta de tratamiento de desechos, involucrando en el proyecto a la empresa SISTEMA DE INCINERACIÓN Y RECICLAJE DE BASURA MÉRIDA C.A, (SINCREBA).
Irregularidades en la ejecución de la obra
La obra comenzó a ejecutarse en el año 2001, con un costo inicial de 1,8 millardos de Bolívares (1.873.993 BsF) y se culminó en el año 2002, a un costo final de 11,9 millardos de Bolívares (11.915.000 BsF), es decir más de diez veces el costo inicial. Según la Comisión de la Asamblea Nacional designada para investigar el caso de la planta, el monto final “no guarda relación de correspondencia aparente con las instalaciones físicas”, por lo que “…estima esta Comisión Especial, que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional debe abrir una investigación específica, con el propósito de establecer si hubo algún manejo doloso en la utilización de los recursos económicos aportados por el Estado venezolano.”(1)
El 14 de Diciembre de 2001, el gobernador de Mérida, Florencio Porras declaró Emergencia Sanitaria en los municipios Libertador, Campo Elías, Santos Marquina, Rangel y Sucre. Esta medida “probablemente… permitió el concurso de los recursos financieros pertinentes para acometer la construcción de la planta.”
Realmente, SINCREBA no era más que una empresa de maletín, sin capital ni experiencia en el ramo del reciclaje. Diversos expertos advirtieron en su momento que el diseño conceptual de la planta construida no se correspondía con el de una planta de reciclaje, de procesamiento y reuso de desechos sólidos, sino que se trataba de una planta segregadora de desechos.
José Rujano, profesor de la Universidad de los Andes entrevistado por el Diario Frontera, dijo lo siguiente:
"Al construir cualquier obra de envergadura se deben tomar en cuenta desde un punto de vista macro los servicios públicos, todos los elementos sociales, el estudio de factibilidad y el impacto ambiental, entre otras cosas, pero aquí se trabajó no sobre la base de una planta de tratamiento sino sobre una planta segregadora". "La empresa SINCREBA no es especializada en diseño conceptual de plantas de manejo de desecho sino que ha surgido como una respuesta a unos requerimientos que tenían las autoridades, pero si se evalúa el perfil y la experiencia de esa empresa no llegaría a estar frente a una capacidad demostrable en el manejo integral de la basura."
Explotación salvaje contra los trabajadores por parte de Sincreba
A partir de Junio de 2006, la empresa capitalista SINCREBA comienza a operar la planta, beneficiándose de la concesión otorgada por la Mancomunidad de alcaldías por el lapso de quince años a tal efecto. El personal obrero de la empresa al momento de su inauguración era de más de 400 trabajadores. Sucesivas reducciones de personal fueron rematadas con el despido, en diciembre de 2006, de los 250 obreros que permanecían en la nómina. Todos estos despidos se realizaron en violación del decreto presidencial de inamovilidad laboral, pues los trabajadores devengaban salario mínimo. Los trabajadores no contaban con Seguro Social, no cotizaban para el fondo de la Ley de Política Habitacional, no contaban con condiciones mínimas de seguridad industrial e higiene laboral, además de estar privados de un contrato ante el cual ampararse para defender sus derechos. SINCREBA aún adeuda las prestaciones sociales de los trabajadores despedidos en diciembre de 2006. Estas condiciones de explotación salvaje todavía empeoraron, para aquellos trabajadores que reanudaron labores en enero del 2007.
En enero, 110 trabajadores reingresaron a trabajar en la planta, subcontratados por la Cooperativa La Rosa Mística de San Benito. La Cooperativa era manejada por testaferros del propietario de SINCREBA, Ricardo Vielma, como pone en evidencia el hecho de que el Jefe de Personal de la empresa, Marino Rangel, era al mismo tiempo el Coordinador General de la Cooperativa. El resto de la Junta Directiva de la Cooperativa también estaba vinculada a SINCREBA.
La práctica de tercerizar el empleo a través de la figura de la cooperativa, al tiempo que se le presenta como una forma de “cogestión” y de participación democrática de los trabajadores, adquirió un carácter dramático en el caso de la planta. La figura de la cooperativa le permitió a la empresa acceder a financiamiento oficial, pero los trabajadores pasaron a ser pagados salarios de miseria, por debajo del salario mínimo. La remuneración pasó a ser un pago a destajo, a razón de un precio ridículo de 180 Bs/ kilo de material clasificado (0,18 BsF), para un promedio semanal inferior a los 120 mil Bs. (120 BsF). La Comisión de la Asamblea Nacional que investigó el caso constató que la romana en la que se pesaba el material clasificado no estaba certificada por SENCAMER, que es el ente competente para controlar las romanas y balanzas utilizadas para pesar productos con fines comerciales. Además, la romana era operada por un familiar de los propietarios de SINCREBA, la familia Vielma. Todo esto apunta a evidenciar que las cifras manejadas por la empresa no se corresponden con la cantidad de material clasificado por los trabajadores, y que se ejecutaba un vulgar robo.
Ese régimen bestial de explotación llevó a varias protestas por parte de los trabajadores, las cuales culminaron en la toma pacífica de la planta el 22 de Septiembre de 2007. Un mes antes de esto, en una asamblea de la cooperativa, se sustituyeron los testaferros de Vielma por una nueva junta directiva conformada por trabajadores.
Gestión obrera en la Planta
Durante dos semanas, los trabajadores mantuvieron las operaciones de la planta bajo gestión obrera. Al cabo de esta breve pero exitosa experiencia socialista, Ricardo Vielma y su abogado Richard Uranga emprendieron acciones para sabotear el proceso. Repetidos ataques a cargo de mercenarios dejaron a cinco trabajadores heridos en el primer mes de toma obrera en la planta. Los servicios de agua y luz eléctrica fueron interrumpidos en repetidas ocasiones, y la planta estuvo sitiada por una semana, a comienzos de octubre, sin que las autoridades policiales o la Defensoría del Pueblo atendieran las denuncias de los trabajadores y salvaguardaran las instalaciones y la integridad física de quienes se mantenían resistiendo el asedio en la planta.
El 19 de octubre, la planta fue desalojada en una primera ocasión, por una operación conjunta entre motorizados equipados con armas blancas y de fuego, y agentes de la policía regional. El 22 de octubre se recuperó pacíficamente el control de la planta. El 23 de Octubre se alcanzó una victoria significativa con la rescisión de la concesión otorgada a Sincreba por parte de la alcaldía de Libertador. Sin embargo, ninguno de los alcaldes de la mancomunidad avanzó hacia la formalización de la gestión directa de la planta por parte de los trabajadores, organizados en la figura de la cooperativa. A pesar de las repetidas denuncias del acoso y las agresiones por parte de la empresa, las autoridades locales y regionales no tomaron ninguna medida de protección a favor de la planta y sus trabajadores. El 11 de Noviembre en la madrugada, un grupo paramilitar fuertemente armado amarró y amordazó a quienes realizaban la guardia en la planta, torturando a uno de los obreros, e intentando localizar a la dirigente obrera Sonia Mejías. Increíblemente, ni siquiera ante la denuncia de este hecho, vinculado a la negativa de la dirigencia obrera de entregarle la planta y las maquinarias al empresario, no hubo la menor reacción oficial.
Previsiblemente, el 19 de noviembre, una nueva acción conjunta entre cuerpos policiales y mercenarios de SINCREBA, resultó en el desalojo violento de la planta y el saqueo por parte de la empresa de maquinaria diversa y camiones cuya propiedad se presume que era estatal.
Luego de este hecho, los trabajadores no han podido acceder a la planta, la cual permanece bajo una dudosa custodia policial, la cual no ha impedido que el desvalijamiento de la planta continúe. Las alcaldías de la mancomunidad establecieron un acuerdo con el Consejo Comunal de Puente Viejo para otorgarle la responsabilidad de custodiar la planta. Este acuerdo se materializó luego de que el Consejo Comunal bloqueara durante tres días el acceso de los camiones del aseo urbano al botadero ubicado en un terreno aledaño a la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos. Aunque no hubo un anuncio oficial, el 11 de enero de 2008 el diario Pico Bolívar reseña una reunión realizada en la alcaldía de Libertador entre representantes de la empresa española Urbaser, responsable del aseo urbano en el municipio; consejos comunales, y funcionarios. En la nota se puede leer lo siguiente:
"…(el alcalde Carlos León) expuso que se ha venido discutiendo la posibilidad de que el consejo comunal de Puente Viejo sea el encargado de asumir esta inversión del Estado, para encaminar el servicio que presta la planta y así otorgar un excelente servicio a la comunidad".
Los trabajadores están agrupados en una cooperativa que perfectamente podría funcionar como empresa de producción social si hubiera voluntad política por parte de la mancomunidad de entregarles la administración de la planta. La cooperativa se dirigió formalmente al Consejo Comunal de Puente Viejo para solicitar una reunión en la que pudieran exponer su perspectiva de la situación, y sus planteamientos con miras a la reactivación de la planta con el concurso de las autoridades, la comunidad, y los trabajadores. Hasta el momento, el Consejo Comunal no ha accedido a reunirse con la Cooperativa , presumimos que esto se debe a presiones de la Mancomunidad de Alcaldías, la cual apoya el proyecto de abrir un nuevo botadero en la Hacienda El Chorote, y cerrar definitivamente la Planta.
La intervención del Estado, en cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Asamblea Nacional , para permitir la gestión obrera de esta Planta de propiedad estatal, abriría las puertas al desarrollo de una experiencia avanzada en materia de reciclaje en el país, aunada a un modelo de gestión socialista, en la cual sean los trabajadores quienes manejen de manera democrática el medio de producción. Esta es la mejor alternativa para la región y para el país, desde el punto de vista social, ambiental, y político. Además, es la única manera en que el Estado puede resarcir las violaciones repetidas a los derechos fundamentales de los trabajadores de la planta y la comunidad de Puente Viejo, y de esa manera atender la enorme deuda ambiental y social que ha dejado con su actuación frente a este caso.
Nota:
1.- Informe de la Comisión Especial Mixta para la Investigación de la Planta Procesadora de Residuos Sólidos ubicada en el Municipio Sucre del Estado Mérida, Junio 2007, Asamblea Nacional. Documento anexo.
Cooperativa La Rosa Mística de San Benito
Colectivo Libre Aquiles Nazoa
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