Resulta inconcebible que el Estado venezolano se declare como estado de derecho y que sus organismos de “seguridad” violen, con la más desmedida violencia, los derechos humanos de los trabajadores. La aprobación de acciones como éstas por parte de las instituciones del Estado tiene un efecto desmovilizador y terrorista sobre la masa trabajadora y logra la criminalización de la protesta, cuando siempre ha sido un instrumento del pueblo para reclamar sus derechos y obtener sus justas libertades.
La institucionalización de la violencia y la represión es la institucionalización de la injusticia y la impunidad.
Castigo a los culpables!
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