Por la derogación de concesiones mineras

Image La lucha y resistencia de los Pueblos Indìgenas en el estado venezolano de Zulia ha sido quintecentenaria, y es una lucha digna que ha de contar con el amplio y consciente respaldo entre quienes aùn tienen conexiòn vital con el Planeta y la tierra en la que han nacido, llevando esta sensibilidad y compromiso a las actuales / posteriores generaciones...
¿POR QUÉ SOLICITAMOS LA DEROGACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS?

Las comunidades de los pueblos indígenas son pueblos originarios del territorio venezolano en el que habitamos. Han estado en dicho lugar miles de años antes de la venida de los invasores que vinieron de ultramar en 1492, aunque intercambiaron mucho antes con pueblos de otros continentes en una forma no violenta. Los invasores posteriormente fueron despojándoles del territorio en el que habían venido existiendo en forma itinerante, por lo que fueron reubicándose en diversos lugares de la Sierra de Perijá. Dicho despojo no disminuyó ni siquiera con los decretos que el Libertador Simón Bolívar promulgó en 1825, que estipulaban “devolver la tierra a los naturales”, esto es, a los pueblos indígenas que habían luchado en la Independencia de Venezuela; al contrario, con José Antonio Páez fueron aún más despojados a lo largo de un siglo. Estos pueblos han visto reducirse su territorio durante 515 años: ejemplo de ello ha sido que los pueblos Barí desde 1900 a 1983 han sido despojados hasta un 11% de la superficie original del territorio que milenariamente habían habitado, en beneficio de las entonces empresas estadounidenses Shell (Colon Development Company), Standard Oil, Colpet, Creole, y en beneficio de algunos ganaderos y de algunas misiones religiosas. Asimismo, durante mediados de los años 70 un grupo de familias Yukpa bajaron de la cuenca alta del río Laja de la Sierra de Perijá, y ocuparon de nuevo su territorio en los alrededores de las haciendas; estás fueron “creadas” tras el despojo de tierras indígenas en los inicios a los años 30 por parte de un grupo de grande hacendados de Machiques de apellido Vargas, familia que ha levantado su bienestar y riqueza a partir de la terrofagía, del hambre y del dolor de las comunidades Chakpata, Chaparro, Kesmera y Botoncha, arrinconando a estas comunidades indígenas originarias hacia otras zonas de difícil acceso y poca fertilidad para cultivos.

En 1990, la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) aprobó nuevos yacimientos carboníferos en la Sierra de Perijá, afectando la zona de San Francisco (El Bajo), impactando a las comunidades Yukpa y Barï del Tukuko, Marewa, Peyará, Totayonto, Shukumo, Karañakai, Itabobó, Yera, etc., y las cuencas de los ríos Tokuko, Sucumo, Totayonto, Yuyima, Paila, Caño Azul, Aricuiza, Caño del Norte, Caño del Medio, Caño Buena Esperanza, Caño Nuevo, Caño San Pablo, río Lora, Cinco de Julio y río de Oro, e impactando la serranía de Marewa o Abusanqui. Dos años después las empresas CORPOZULIA, MAICCA, PLANIMARA y TABLICA afectaron de nuevo a las comunidades Barí y Yukpa, sobre un área de 50 hectáreas.

El Gobierno del año 1994 masacró a un grupo de Yukpas en Kasmera, y desatendió sus problemas de salud derivados de su desplazamiento forzado -e hizo lo mismo con habitantes del pueblo Wayüü en la zona de Paraguaipoa, en la Guajira “venezolana”-. En ese mismo año las empresas CORPOZULIA, CARBOCA, CARBOPECA, CONSULMINCA, COSIMINCA, MAICCA y MARAVEN comenzaron a impulsar proyectos de explotación turística y minera (petrolera y carbonífera) hacia el sur-oeste del estado Zulia, por el extremo sur (río de Oro) y por el extremo norte (río Apón), desde el poblado perijanero de El Llano, hasta Casigua El Cubo, afectando a los Pueblos Yukpa y Barí.

Para 1997 han incidido con más fuerza la empresa Corpozulia, los terratenientes y ganaderos (terrófagos), quienes incluso colocaron cercas eléctricas, para aniquilar a los grupos indígenas que se desplazaran por sus Territorios, entre haciendas, entre “hato y hato” (a comienzos de este milenio y de este siglo, se incorpora Carbozulia en estos proyectos desarrollistas). En los primeros meses de 1998 las empresas Carboníferas buscan establecer Puertos y Depósitos de Carbón en Caimare, Perijà, en San Carlos y el islote de San Bernardo, así como las islas de Toas, Zapara, conectando de esta manera a las minas de Paso Diablo, Mina Norte, Socuy, Maché y Cachirí, afectando además la salud y producción tradicional de las poblaciones de Nazareth y Sabaneta de Montiel.

Ya en el nuevo siglo y milenio, las compañías carboníferas Itabira Rio Doce Company, Vale do Río Doce, TOMEN, EXCEL, Carbones del Guasare (Ruhrkohle, Anglo-American Coal), Carbones de la Guajira (Inter-American Coal/Chevron-Texaco, Evan Energy), Venequip-CAT, Washigton Group International, Morrinson Knudsen Corporation, Carbonífera Caño Seco, Corporación Carbones del Perijá, así como las compañías mineras MAICCA han venido explotando las minas de Guasare y Paso Diablo como parte de su mega-proyecto carbonífero (Carbosuramérica).

La comisión técnica de demarcación indígena del estado Zulia fracasó en el 2006 en su intento de demarcar las tierras del pueblo Barí, pues la misma se basó en “cálculos” que no contemplaron los dibujos, mapas mentales y áreas a demarcar hechos por los propios indígenas con toda libre voluntad: comunidades Bari de la zona alta y de la zona baja (como Adougbari, Aruutatakae, Totobakae, Senka Bari, y otras) rechazaron tales títulos de propiedad puesto que les otorgaban áreas para habitar de muy escuálidas hectáreas (como fue el caso de la comunidad Bwagshagdari, a la cual se le entregó un titulo de tan sólo 14 hectáreas). Hay que resaltar que éste rechazo ha tenido que hacer frente a aquellas actitudes contrarrevolucionarias, racistas y cuartorepublicanas -basadas en presiones, chantajes, falacias y manipulaciones- por parte de las elites desarrollistas para intentar doblegar la ancestral y digna resistencia indígena, y confundir a la opinión pública que no conoce de cerca esta grave situación ni los esfuerzos que las comunidades han hecho para soportarla, ni tampoco a aquellos grupos que históricamente han venido apoyando esta resistencia por solidaridad humana y genuina venezolanidad.

En razón de ello, se hace necesario:

• Que la población venezolana, indígena y no indígena de a conocer la situación de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá por todos los medios disponibles, y logren que un apoyo mayoritario y digno a este proceso de lucha y resistencia ancestral llevada a cabo por estos pueblos originarios -articulándose con los demás pueblos indígenas venezolanos-, y con tal acción cumplir con lo estipulado en el capítulo sobre los pueblos indígenas de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y con la Declaración Mundial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada recientemente en la Organización de Naciones Unidas.

• Que el Gobierno nacional se pronuncie ante la situación de violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas, e inmediatamente inicie un proceso de compra de las haciendas que están en territorios originarios de los Pueblos indígenas. En la búsqueda de una solución pacifica, el estado tiene la posibilidad y facultad de comprar en el tiempo más breve posible las haciendas en los territorios indígenas (como el caso de la hacienda Tizina). Simultáneamente con ello ha de ser reactivada y reestructurada completamente con participación del poder popular la comisión para la demarcación de pueblos indígenas, según mandato directo de la asamblea originaria de las comunidades indígenas, y completar con hechos concretos la deuda social e histórica que tiene la Republica Bolivariana con estos venezolanos y venezolanas. Es obligación del Estado venezolano aplicar en forma cogestionada y corresponsable aquellas políticas que garanticen la inclusión y participación protagónica y libre de los pueblos indígenas en la gestión pública comunal indígena, pluricultural y bolivariana, en el marco de un Estado de derecho y de justicia.

• Que como acción urgente sean solicitadas en forma inmediata ante las instituciones y organizaciones competentes medidas de protección jurídica en favor de los caciques y lideres Yukpa Sabino, Olegario y Eladio Romero y de las comunidades de las cuales ellos son voceros, para salvaguardar sus derechos constitucionales, así como garantizar civilmente su derecho a la vida y culturalmente sus derechos originarios, pues esto en un requisito ineludible para que pueda resolverse la situación territorial indígena.

• Ante todo lo expuesto: la deuda social hacia los pueblos más antiguos del continente y de nuestro país; lo injusto, injustificable e inadmisible del despojo de los territorios originarios; la reivindicación que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace de los territorios (hábitats) indígenas; el perjudicial impacto social, cultural y ecológico –e incluso económico- de la exploración y explotación minera en la zona, se hace imprescindible la derogación de las concesiones mineras carboníferas en la zona de la sierra de Perijà, y la revisión de las mismas en otras zonas indígenas y campesinas del país, y de manera similar con las concesiones de otros rubros explotados (petróleo, uranio, hierro, bauxita, diamante, etc.).

• Que esta solicitud sea reconocida y comprendida como una necesidad popular – indígena y como parte del poder popular, que es el principio fundante de la Revolución Bolivariana, y más aún cuando el mismo Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en varias oportunidades –desde que era candidato y en declaraciones recientes- ha manifestado públicamente sus críticas ante la explotación carbonífera en nuestro país y en el estado Zulia.




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Urgente solidaridad con el Pueblo Yukpa
Nuestros hermanos Yukpa de la comunidad de Tizina (Machiques, Zulia), necesitan nuestro apoyo.

Frente a las continuas agresiones por parte de los terratenientes de la zona, Sabino Izarra y su gente están viviendo momentos bien dificiles.
Muchos heridos y enfermos necesitan curas, los niños necesitan leche y comida.

Aprovechemos de esta ocasión para enviar nuetros aportes solidarios a la justa lucha de liberación de los pueblos originarios.

Invitamos los demás a colaborar como puedan, con: arroz, pasta, comida en lata , leche en pote, bendas, curitas, desinfectante, pastillas contra la fiebre, ropa.

Pueden entregar sus contribuciones en el Ateneo Popular de Los Chaguaramos hasta el jueves.