La guerra silenciosa contra el movimiento campesino: 220 productores rurales asesinados.
Un total silencio, principal aliado de la impunidad, guarda el estado y sus instituciones ante el asesinato sistemático de más de 220 campesinos caídos en el transcurso de cinco años bajo las balas de la contrarrevolución representada en el campo por terratenientes, oposición, paramilitares en intereses poderosos enquistados dentro del proceso revolucionario que se vive en Venezuela.
José Pimentel —dirigente agrario del Frente Unido Campesino de San Carlos y del Movimiento Campesino Jirajara recibió dos tiros en la cabeza dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Tierras (INTI) —capítulo Cojedes siendo su estado actualmente delicado.
Es el segundo intento de asesinato contra el dirigente. Y que desde que se enarbolo en los sectores rurales de Venezuela la bandera de tierra y hombres libres esta consigna se ha convertido en una sentencia de muerte para el campesinado que ha pagado con su sangre la osadía de pretender una defensa de una Ley de Tierras que nunca aseguro su derecho a la vida.
Se hace cada vez más necesario una firme articulación de defensa a nivel nacional de todo el movimiento campesino venezolano, movimientos sociales, colectivos organizados y pueblo en general para detener este liquidar sistemático de los dirigentes agrarios y sus familias.
Es una guerra. Esta planteada desde las esferas de poder latifundista organizado y con un brazo armado, el sicariato, (¿paramilitarismo?). Por ahora, los muertos, los perseguidos, los amedrentados, los presos y con medidas preventivas son los nuestros.
Nos planteamos la misma interrogante invariablemente: y si el movimiento campesina ante la indiferencia del estado, ante tanta impunidad, avanzara decididamente hacia su propia autodefensa y seguridad ¿si las circunstancias fueran a la inversa? ¿Si hubiese 220 terratenientes y empresarios perseguidos y muertos con sus fincas saqueadas y destruidas a manos del proletario campesinado reclamante y en pie de lucha habría igual indiferencia del gobierno?
Quien seria responsable de una guerra rural planteada en estos términos: ¿el latifundio terrofago y su carga de 220 asesinatos? ¿El movimiento campesino por ejercer su derecho a defenderse? ¿O un estado indiferente, silencioso, que alienta la impunidad ante el reclamo persistente de justicia?
¿Quién dentro del alto gobierno quiere responder a esa pregunta?
Gustavo Borges
El23.net