“Nos hemos enterado extraoficialmente que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui ha decretado MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA en la que ordena que sean retiradas de las zonas aledañas a las zonas de seguridad que conducen a las diferentes oficinas y áreas administrativas y operacionales del Complejo Petrolero Petroquímico "José Antonio Anzoátegui", ubicado en Jose, Estado Anzoátegui a todas la personas que forman parte de las seccionales de Fedepetrol y Fetrahidrocarburos en ese Estado y en particular a los dirigentes sindicales José Bodas, Gregorio Rodríguez, Manuel Páez y Daniel García”, estas declaraciones las hizo el secretario general de Fedepetrol Anzoátegui a su salida de una reunión con dirigentes sindicales de la UNT realizada el pasado sábado en Maracay, donde se analizó la situación planteada con la decisión del gobierno y la FSBT de dividir la UNT y crear una nueva central sindical de forma burocrática e inconsulta.
“Este amparo constitucional, quien lo creyera, ha sido solicitado por la Sociedad mercantil (empresa mixta) constituida por Petrocedeño y Sincor. Es decir, se han aliado el Gobierno que controla Petrocedeño y la multinacional propietaria de Sincor, para desconocer el derecho constitucional de asociación sindical e impedir que sus legítimos dirigentes puedan defender a sus afiliados”. “¿Cómo es esto?, se preguntó indignado el Secretario General de Fedepetrol en Anzoátegui.
Refiriéndose a los posibles motivos que han llevado al Gobierno y la multinacional a solicitar este amparo, Bodas expresó que “sin duda es parte del plan de preparación para impedir que los trabajadores defendamos nuestros derechos y sobre todo para aniquilar al sector clasista y consecuente antes de que se inicie la discusión del nuevo contrato petrolero que debe comenzar en junio de este año. Por la amarga experiencia que el Gobierno y las multinacionales han sufrido en Sidor, donde los trabajadores los doblegaron, ahora quieren impedir que los petroleros nos movilicemos para oponernos a las empresas mixtas y exigir que el Estado a través de PDVSA controle el 100% de la industria y bajo control de sus trabajadores y empleados.
También denunció el dirigente sindical petrolero “que el amparo constitucional también le ha sido concedido a PDVSA en El Palito, para impedir que directivos de la seccional de Sinutrapetrol realicen asambleas o reuniones informativas a sus asociados. Como bien dicen los compañeros, ni en las peores épocas de la Cuarta República vivimos una situación tan dramática de conculcación del derecho de libre asociación sindical en Venezuela. Esto no lo podemos permitir”.
Más adelante el directivo de Fedepetrol e integrante de la FUTPV manifestó que “quieren acallar la voz de protesta de los petroleros que reclaman sus derechos, pero no lo van a lograr con estas medidas antidemocráticas de corte terrorista que pretende intimidar a los trabajadores. Estamos planificando una serie de acciones de protesta y de calle, para denunciar este atropello contra los trabajadores petroleros, que sin duda será extendido al resto del movimiento sindical venezolano.”
Explicó también que existe una marcada persecución para “destruir al movimiento sindical combativo y autónomo, aglutinado en la Unión Nacional de Trabajadores y en la corriente C-CURA. Buena prueba de ello es el despido del compañero Orlando Chirino de PDVSA, de William Díaz de la Asamblea Nacional, de Armando Guerra de Hidrológica Capitalina. Mientras esto sucede se protege a dirigentes sindicales ilegítimos o se le dan todas las garantías a quienes nunca han luchado y se destacan por su obediencia servil a los dictámenes de las directivas de PDVSA”
El secretario general de Fedepetrol concluyó diciendo que “la solicitud de amparos constitucionales por las empresas mixtas que operan en la industria petrolera; la brutal arremetida de la Guardia Nacional y la policía del estado Bolívar contra los sidoristas; el resguardo de Firestone con la policía para desalojar a los obreros de esa multinacional que defienden el derecho al trabajo, así como la declaratoria del Ministro del Trabajo de liquidar a la Unión Nacional de Trabajadores, debe colocarnos en estado de alerta y movilización permanente a todo el movimiento sindical venezolano.”