Criminalización de la lucha sindical en Sidor

Hace menos de un año que el gobierno nacional anunciaba la nacionalización de las industrias básicas y sectores estratégicos de la economía. Lo que este anuncio suponía era recuperar espacios que se entregaron al capital privado durante la década de la locura neoliberal. "Todo lo que se privatizó, nacionalícese", fue la consigna lanzada por el presidente Chávez. Sin embargo, las llamadas nacionalizaciones estuvieron muy lejos de adquirir un carácter revolucionario o socialista, pues se limitaron al marco de un tibio reformismo: mayorías accionarias en la empresa Cantv, la Electricidad de Caracas, y las empresas mixtas de hidrocarburos. Antes que combatir a los capitalistas, el gobierno optó por hacerlos socios del Estado.

La importante siderúrgica Sidor, de incuestionable valor estratégico, pese a ser aludida por el anuncio inicial, no pasó al control estatal. Permaneció en manos de la transnacional capitalista que se apropió de ella con la venia de los gobiernos entreguistas de la derecha.
Los trabajadores de la siderúrgica han mantenido, desde la privatización, una decidida lucha por su nacionalización, incluso después de que el gobierno anunciara que no tocaría la propiedad de Sidor.

En estos momentos, cuando se desarrolla la discusión del contrato colectivo en esta empresa, el Ministerio Público ha solicitado privación de libertad en contra de tres directivos del sindicato Sutiss, y once trabajadores de la contratista "Transportes Camila", por cargos relacionados con un paro realizado en agosto de 2006. No hay noticia de que los patronos de estas empresas estén sometidos a procesos judiciales, pese a ser responsables de violaciones reiteradas a las leyes laborales y la acumulación de deudas con los trabajadores, precisamente éstas las causas de aquel paro.

La persecución en contra del sindicato Sutiss, y la complacencia frente a los patronos es sólo una muestra del carácter de la democracia burguesa y su sistema judicial, horriblemente vigentes en Venezuela. La violencia en contra de los trabajadores está institucionalizada, como se evidencia en los procedimientos administrativos de las inspectorías del trabajo, diseñados para derrotar por cansancio las reivindicaciones laborales y permitir a los patronos robar impunemente. En casos menos rutinarios como el de Sidor, las instituciones se revelan como caricaturas de sus proclamados principios. Vale la pena citar dos casos más que ilustran esto cabalmente.

Actualmente, trabajadores de Sanitarios Maracay, empresa ocupada y puesta a producir bajo gestión obrera, también se encuentran sometidos a un proceso judicial y régimen de presentación, por su participación en una protesta realizada en abril de 2007. La acción de protesta fue provocada por la policía de Aragua, que interceptó a los trabajadores y les impidió desplazarse a Caracas para una marcha por el control obrero. Ni los efectivos de la policía de Aragua que ejecutaron las órdenes arbitrarias del gobierno regional, ni los responsables de los abusos perpetrados por la Guardia Nacional en la acción represiva de ese día, tuvieron que responder judicialmente por sus acciones. Los heridos y los imputados los pusieron los trabajadores de Sanitarios Maracay. Tampoco ha sido imputado por sus crímenes el patrono de esa empresa, Álvaro Pocaterra, quien más bien ha contado con los buenos oficios del Ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, para robar a los trabajadores, a través del pago incompleto de los pasivos laborales.

El caso de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida también es emblemático en este sentido. Los trabajadores toman la planta para acabar con la explotación salvaje a la que están sometidos y salvaguardar la propiedad pública frente al saqueo efectuado por la empresa privada Sincreba. Por ello terminan enfrentando a las bandas armadas de la empresa y a los cuerpos policiales adscritos a la gobernación del estado Mérida, quienes actúan coordinadamente para desalojar la planta en dos ocasiones, en octubre y noviembre de 2007. El delegado de la Defensoría del Pueblo, Oswaldo Reques, y los alcaldes Aaron Varela y Jesús Abreu, acusan a los trabajadores de estar al servicio de conspiraciones políticas contra el gobierno, contra la reforma constitucional, contra una de las tendencias del PSUV, entre otras.

Reques incluso llegó a comparar la toma de la planta con el sabotaje petrolero, y amenaza con usar toda la fuerza represiva del Estado. A la final, la burocracia y los políticos terminan protegiendo los intereses de Sincreba, en perjuicio de la propiedad estatal y de los derechos de los trabajadores. Sólo la alcaldía de Libertador cumple con su responsabilidad de rescindir la concesión otorgada a Sincreba.

El sistema judicial y el Estado venezolano en su conjunto tienen un sesgo de clase, y todos estos casos caen dentro de la regla. Por eso no es extraño que quienes, en los hechos, se enfrentan al capital y defienden los derechos de los trabajadores sean perseguidos, mientras que los perros guardianes del capital actúan en la absoluta impunidad. La revisión de la estrategia política del gobierno, anunciada por el presidente Chávez, busca precisamente ahondar esta lógica, al proclamar como necesaria la "alianza con la burguesía nacional". La persecución en contra de los luchadores sindicales, la represión en contra de quienes cuestionen la propiedad privada de los medios de producción, al igual que la amnistía presidencial a los fascistas, son puentes que el gobierno tiende a esa burguesía, a la que llama nacional. Denunciar y enfrentar esa política es cuestión de vida o muerte para los revolucionarios.