VENEZUELA PARAÍSO DE ESPECULADORES

La especulación se ha desbocado totalmente y parece
que el gobierno no tiene suficiente autoridad
como para encarcelar a quienes trafican
con el hambre del pueblo
Cada día que pasa, el venezolano común se siente más defraudado y desamparado ante la escalada de precios de artículos de primera necesidad y de servicios básicos como agua, luz, teléfono, transporte, educación y salud, para sólo mencionar unos pocos.

Por ese motivo, no sé si ponerme a reír o a llorar cuando oigo decir al presidente Hugo Rafael Chávez Frías o a alguno de sus funcionarios que en la República Bolivariana de Venezuela está en marcha un proceso de cambio socialista que ha permitido mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La afirmación corresponde a una percepción distorsionada de la realidad, en virtud de que los cambios habidos están muy lejos de tener origen un gobierno socialista, ya que están dentro del núcleo de un sistema populista que favorece, es cierto, a una voluminosa cantidad de ciudadanos otrora excluidos y que ahora, gracias a un “cuadre” bien oportuno, se han colocado en una ventajosa posición, pero que continúa excluyendo a quienes no están amparados por ninguna figura política ni por rosca alguna.

Esa condición de excluidos, además de que impide disfrutar de todos los beneficios del gobierno, margina totalmente a una enorme cantidad de venezolanos y los convierte en personas vulnerables a merced de toda clase de especuladores y lo que es peor, los sume en un desesperante estado de indefensión.

Y es que el autodenominado “gobierno socialista” de la República Bolivariana de Venezuela se sumerge en el abismo de la mentira y del engaño cuando proclama a los cuatro vientos que tiene una feroz lucha contra la especulación.

Nada más lejos de la realidad. No tienen ningún efecto sobre los especuladores ninguna de las medidas que el Presidente ha decretado y el anuncio de tres líneas telefónicas se convierte en una burla cruel para los consumidores, quienes ven desaparecer sus miserables salarios en las voraces fauces de los comerciantes más ladrones y descarados de todo el planeta.

Si no me cree, convénzase por sus propios medios: llame al 0800-RECLAMO y denuncie al especulador. Al poco rato verá que ha perdido su tiempo y se morirá de impaciencia esperando ver sanciones contra el establecimiento infractor. Lo mismo le sucederá, seguramente, con las otras líneas telefónicas. En mi caso, me sucedió con el número de Indepabis, es decir, el 0800-RECLAMO.

Alimentos, ropas, bebidas, cine, servicios de televisión por cable, Directv, clínicas, institutos educativos, medicinas, transporte colectivo y hasta los servicios que prestan las empresas del Estado como el agua, electricidad y teléfonos se han disparado de manera tan violenta, que ya sus precios no están por las nubes, sino que han traspasado los límites de nuestra Vía Láctea, la galaxia en la cual viaja nuestro agonizante planeta.

El saqueo de los bolsillos de los consumidores es salvaje en los supermercados de esta ciudad, pertenecientes mayoritariamente a ciudadanos chinos que se han apoderado del comercio sin obstáculos de ninguna naturaleza porque a los venezolanos generalmente no les duele su país, y nadie se atreve a protestar porque simplemente, no le venden.

Lo más triste del caso es que existe una Ley de Protección al Consumidor y al Usuario que ha sido pura letra muerta y a pesar de que en su Artículo 106 establece: “Quien restrinja la oferta, circulación, o distribución de bienes o servicios de primera necesidad o básicos, retenga dichos artículos o niegue la prestación de esos servicios, con o sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios, será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años y multa, equivalente en bolívares, de mil (1.000) a tres mil (3.000) días de salario mínimo urbano”, nadie ha tenido noticias de que algún comerciante haya sido encarcelado por el delito de desabastecimiento o encarecimiento.

Por ese motivo, a pesar de que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, mediante la urgencia reglamentaria, la reforma parcial de la Ley Especial de Acceso a las Personas de los Bienes y Servicios (conocida como Ley de Indepabis), entre la ciudadanía, que sabe cómo se aplican las disposiciones legales aquí, existen muchas dudas sobre su futura aplicación, no obstante que la especulación es un arma para la desestabilización y por ello es necesario modificar este instrumento legal para dotar al gobierno de los medios necesarios para atacar este flagelo, pues la ley actual sólo rige para los bienes esenciales y mediante la reforma se faculta al Estado venezolano para que proceda a iniciar la expropiación aunque los bienes no sean de primera necesidad.

Mientras tanto, la especulación se ha desbocado totalmente y tal parece que el gobierno no tiene suficiente autoridad como para encarcelar a quienes trafican con el hambre del pueblo.

Los ejemplos de especulación se pueden citar en cantidades industriales, pero entre los más notables figura el precio de las bombonas de gas de 18 kilos, fijado por PDVSA en Bs. 6,3, es decir, 6 mil trescientos (6.300) bolívares “viejos”, cantidad que subió de repente a 6,5, luego a 6,7 y en la actualidad cuesta Bs. 10, porque así lo impusieron los distribuidores del producto y ningún organismo oficial que pone coto a este abuso de los concesionarios, quienes por cierto desempeñaron un papel criminal protagónico en el golpe de 2002, cuando dejaron sin el servicio a toda Venezuela y, por desgracia, como una bofetada a los pobres, a los pocos meses recibieron el permiso para aumentar los precios. Así de pendejo es este gobierno dizque revolucionario, que favorece a sus enemigos y crucifica a sus seguidores.

En el renglón del transporte colectivo los aumentos también son desmesurados y el servicio se ha convertido en un indiscutible degolladero para los usuarios, también indefensos y totalmente a merced de estos atracadores. En esta ciudad cobraban el año pasado Bs. 5 por una “carrera” y luego, sin son ni ton, aumentaron a 7, después a 10 y en diciembre llegaron a cobrar hasta Bs. 15 por el servicio.

Mención aparte merecen los transportistas escolares, una horda de verdaderos asaltantes de caminos que aumentan los precios según su real deseo y lo que es peor, se dan el lujo de dejar abandonados a los niños cuando les da la gana, a veces, por distintos motivos no conducen a los estudiantes a sus clases, pero no por eso descuentan dinero de sus emolumentos mensuales para compensar el gasto que hacen padres y representantes tanto en transporte como en pérdida de tiempo cuando ellos dejan de cumplir su responsabilidad.

En relación con el párrafo anterior, hay que señalar que Ley de Protección al Consumidor y al Usuario expresa en su Artículo 69: “Quien descontinúe la venta de un bien o la prestación de un servicio, está obligado a garantizar el suministro de los repuestos, la prestación del servicio y hacer las reparaciones correspondientes, en el lapso que establezca el Reglamento de esta Ley”. Lamentablemente se trata de cadáveres de letras, sin ningún significado para los transportistas, abusadores y atracadores.

Para concluir, conviene señalar que a pesar de que el 0800 Reclamo es un servicio gratuito para formular denuncias ante el Indepabis, lo mejor es no utilizarlo, pues además de que es una enorme pérdida de tiempo, se corre el riesgo de morir reventado por la calentera que se agarra cuando se comprueba que la cortesía de quienes atienden las quejas se convierte en una burla cruel porque no se aplican sanciones a los especuladores, quienes más bien parecen tener la bendición de las autoridades para cometer sus fechorías contra los consumidores.



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